La palabra “catorce” cambió por completo el ambiente de la sala cuando salió a la luz que Isabel era propietaria de catorce inmuebles. Durante meses, su hermana Camila había intentado presentarla como una persona incapaz de administrar correctamente sus asuntos, mientras Alejandro, junto con su abogado, sostenía que existía un contrato firmado por Isabel relacionado con una casa junto al lago. Sin embargo, la jueza Sofía Ramírez detectó inconsistencias en el documento y decidió revisar directamente el registro original de la notaría correspondiente a la fecha en que supuestamente se había realizado la firma.
Cuando el libro de registros llegó al tribunal, apareció un detalle fundamental: no existía ninguna cita registrada a nombre de Isabel durante aquella jornada. Su abogado presentó entonces documentos de viaje, registros de hotel y un sello en el pasaporte que indicaban que ella se encontraba fuera del país durante toda esa semana, ocupándose de otra operación inmobiliaria. La información hacía imposible que hubiera estado físicamente en la oficina donde, según el contrato, había firmado el acuerdo. Ante estas contradicciones, la jueza Ramírez ordenó que un especialista independiente examinara la firma para determinar cómo había sido realizada.
El análisis posterior concluyó que la firma cuestionada no mostraba las características naturales de una escritura realizada espontáneamente, sino indicios de haber sido reproducida a partir de otra firma auténtica. Con ese resultado, el argumento central presentado contra Isabel perdió sustento y las autoridades comenzaron a revisar cómo había llegado aquel documento al expediente judicial. Alejandro quedó bajo investigación por su participación en la gestión del trámite notarial, mientras que Camila tuvo que responder por las declaraciones que había realizado sobre haber presenciado personalmente la supuesta firma. Para los padres de ambas, que durante años habían respaldado a Camila en las disputas familiares, la situación terminó siendo muy diferente de la resolución que esperaban encontrar al entrar al tribunal.
Isabel decidió no convertir el conflicto en una confrontación personal y dejó que los documentos, los registros y el análisis profesional respaldaran su posición. La propiedad permaneció bajo su titularidad y pudo conservar la tranquilidad que encontraba en aquella casa de madera frente al lago. Meses después recibió una carta del abogado de Camila solicitándole reconsiderar el asunto en nombre de la “unidad familiar”, una expresión que Isabel conocía demasiado bien por experiencias anteriores. En lugar de responder impulsivamente, archivó la carta junto con el resto de la documentación. Para ella, establecer límites claros significaba finalmente proteger aquello que había construido y decidir por sí misma quién podía formar parte de la siguiente etapa de su vida.